El Ayuntamiento de Telde ha logrado una importante victoria judicial después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestimara en su totalidad la reclamación presentada por las mercantiles Aliseda S.A.U. e Inversiones Tamadaba S.A.U., que exigían una indemnización de 6.551.958 euros por supuestos daños y perjuicios relacionados con la antigua concesión del aparcamiento subterráneo y la plaza de San Gregorio.
La sentencia, dictada el pasado 21 de abril, avala la defensa realizada por la Asesoría Jurídica municipal y evita una posible condena millonaria que habría supuesto un notable impacto en las arcas públicas y en la capacidad del consistorio para continuar desarrollando inversiones, proyectos y servicios destinados a la ciudadanía.
El origen del procedimiento se remonta a la resolución adoptada por el Pleno municipal en 2009, mediante la cual se extinguió la concesión administrativa concedida a Calvican S.L. para la construcción y explotación del aparcamiento y la plaza de San Gregorio. Las empresas demandantes sostenían que eran titulares de numerosas plazas de garaje y locales comerciales vinculados a aquella concesión y reclamaban una compensación económica por el lucro cesante y la pérdida de explotación.
Durante el proceso, el Ayuntamiento defendió que ambas sociedades adquirieron esos bienes varios años después de que la concesión ya hubiera sido resuelta, entre 2013 y 2017, por lo que no podían subrogarse en unos eventuales derechos indemnizatorios que no les fueron expresamente cedidos. El juzgado comparte este razonamiento y concluye que, en todo caso, cualquier reclamación económica debería dirigirse contra quienes transmitieron dichos activos y no frente a la administración local.
El alcalde, Juan Antonio Peña, ha valorado la resolución como una noticia de gran relevancia para el municipio al proteger los intereses económicos de la ciudad y garantizar la estabilidad financiera del Ayuntamiento. Asimismo, destacó el trabajo desarrollado por la Asesoría Jurídica municipal en un procedimiento de especial complejidad.
Por su parte, el concejal de Asesoría Jurídica, Juan Francisco Jiménez, subrayó que esta sentencia refuerza la credibilidad institucional del consistorio y pone de manifiesto la importancia de contar con una defensa jurídica sólida y comprometida con la protección del interés público. La resolución judicial desestima íntegramente el recurso y no impone costas a ninguna de las partes, aunque todavía puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
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