El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha iniciado el proceso participativo para definir la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida obligatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes en virtud de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La propuesta fue abordada este martes en una reunión de la Mesa de la Movilidad, en la que participaron representantes del tejido empresarial, del sector del transporte y vecinos interesados en el futuro de la movilidad del municipio.
Durante el encuentro, el alcalde, Francisco García, y el concejal de Movilidad, Juan Francisco Guedes, defendieron la importancia de diseñar esta herramienta escuchando previamente a los sectores afectados. Ambos coincidieron en que la implantación de la ZBE debe adaptarse a la realidad local y responder a las necesidades de residentes, comerciantes y profesionales del transporte.
La sesión sirvió además para presentar un estudio sobre la situación actual de la movilidad en Santa Lucía de Tirajana. El informe refleja que el municipio cuenta con 52.408 vehículos, lo que supone una ratio de 693 vehículos por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a la media regional. También destaca que únicamente el 20% del espacio público tiene carácter peatonal y que la red de carriles bici alcanza actualmente 8,42 kilómetros.
Entre las conclusiones del análisis figura la necesidad de incrementar las zonas de aparcamiento, ya que cerca del 60% de los conductores estaciona habitualmente en la vía pública. El estudio también revela que solo el 1% del parque móvil es eléctrico, mientras que predominan los vehículos de gasolina y diésel.
Tras la exposición de los datos, los asistentes debatieron sobre las posibles áreas donde podría implantarse la futura Zona de Bajas Emisiones. La normativa contempla restricciones al tráfico en determinadas zonas, aunque mantiene excepciones para residentes, transporte de mercancías y servicios de emergencia.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que la implantación de la ZBE será un proceso abierto y revisable, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la movilidad urbana sin generar impactos negativos en la actividad económica ni en la vida diaria de la ciudadanía.
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