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San Bartolomé de Tirajana aprueba una ordenanza para aclarar la situación legal de las viviendas residenciales en zonas turísticas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado inicialmente y por unanimidad la ordenanza municipal que permitirá identificar y acreditar la situación jurídica de los usos residenciales existentes en las zonas turísticas del litoral. La iniciativa, promovida desde el área de Urbanismo, pretende ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios de apartamentos y bungalós del municipio.
La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, explicó que la normativa establece criterios para determinar la situación de cada inmueble en función de su antigüedad, las autorizaciones disponibles y la legislación aplicable en cada etapa. Para ello, contempla los cambios normativos introducidos por el Plan General de 1996, la Ley de Renovación Turística de 2013 y la Ley del Suelo de 2017.
El texto diferencia entre viviendas cuyo uso residencial se ajusta al planeamiento, aquellas que se encuentran en situación legal de consolidación y las que están fuera de ordenación. Cada categoría tendrá un tratamiento específico conforme al régimen jurídico que le corresponda.
Entre las principales medidas figura la posibilidad de solicitar un certificado municipal que acredite la situación jurídica del uso residencial de una vivienda. Para tramitarlo, los propietarios podrán aportar escrituras, licencias, certificados de empadronamiento, justificantes de suministros y otros documentos que permitan demostrar la situación del inmueble. La ordenanza fija un plazo de un mes para la emisión del certificado.
Ramírez señaló que el objetivo es que cada propietario pueda conocer la situación de su vivienda mediante una respuesta municipal sustentada en criterios jurídicos objetivos. No obstante, el documento tendrá carácter declarativo: no supondrá la legalización automática de los inmuebles ni dejará sin efecto posibles sanciones. También podrá aportarse como prueba en procedimientos administrativos o judiciales, con los efectos previstos en la legislación.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que la aprobación inicial culmina dos años de trabajo técnico y jurídico durante la actual legislatura, junto con un proceso de diálogo con los propietarios afectados. Asimismo, agradeció la implicación de los servicios municipales y de los grupos políticos que respaldaron la propuesta.
Como siguiente paso, el gobierno municipal plantea abordar la convivencia entre los usos turísticos y residenciales en el futuro Plan de Modernización de Maspalomas-Costa Canaria, siempre dentro del marco legal vigente.
La ordenanza inicia ahora su periodo de información pública, durante el cual podrán presentarse alegaciones antes de su aprobación definitiva. Por tanto, los certificados previstos en la normativa todavía no pueden solicitarse.