Nuevo respaldo judicial al Ayuntamiento de Mogán en el conflicto por los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN). La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia firme que anula las órdenes del Gobierno de Canarias que exigían al Consistorio el reintegro de cerca de 900.000 euros correspondientes a las anualidades 2017 y 2018.
El fallo, recogido en la Sentencia nº 4/2026, concluye que no existió exceso de financiación ni falta de justificación por parte del Ayuntamiento, que cumplió con las condiciones establecidas en el convenio suscrito en el marco del FDCAN.
Los fondos, un total de 5 millones de euros, estaban destinados a la construcción del aparcamiento subterráneo de Arguineguín. Según recoge la resolución, se trataba de una aportación a tanto alzado conforme al Decreto 85/2016, por lo que cualquier sobrecoste del proyecto debía ser asumido —como así ocurrió— con fondos propios municipales, sin que ello justificara la exigencia de devolución.
Además, el tribunal subraya que el convenio firmado entre ambas administraciones tenía carácter vinculante, por lo que el Ejecutivo autonómico no podía reinterpretar posteriormente sus condiciones para exigir reintegros no contemplados inicialmente.
Nuevo revés judicial
Este pronunciamiento se suma a otra sentencia previa favorable al Ayuntamiento, en la que también el TSJC anuló la exclusión de Mogán de la convocatoria del FDCAN 2023-2027, impulsada por el Cabildo de Gran Canaria. En aquella ocasión, la Justicia consideró que dicha exclusión vulneraba el principio de igualdad y se había producido de forma antijurídica.
Reacción municipal
La alcaldesa, Onalia Bueno, ha valorado la sentencia asegurando que “la Justicia vuelve a confirmar que las decisiones que toma Nueva Canarias para perjudicar al municipio no se sostienen”.
Bueno criticó el uso de fondos públicos como herramienta de confrontación política y afirmó que los intentos de excluir a Mogán del reparto del FDCAN “no responden a criterios técnicos ni legales, sino a una estrategia política”.
Un conflicto prolongado
El procedimiento tuvo su origen en la etapa en la que la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias estaba dirigida por Nueva Canarias, formación que también participaba en el gobierno del Cabildo en el momento de la exclusión del municipio en la segunda convocatoria.
Con esta nueva resolución, el Ayuntamiento de Mogán refuerza su posición tras varios años de litigios, consolidando el respaldo judicial a su gestión de los fondos y abriendo la puerta a cerrar definitivamente este conflicto administrativo.
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