La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha expresado su preocupación ante lo que considera un desconocimiento, por parte de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas aprobada el 12 de noviembre, así como de la normativa vigente que regula la vivienda vacacional (VV). Según sostiene, varias de las afirmaciones difundidas recientemente por el departamento autonómico entran en contradicción con el contenido de la normativa aprobada y con la legislación técnica aplicable, generando dudas y un escenario de inseguridad jurídica para los titulares de estas viviendas, que podrían ver peligrar su actividad si no se adoptan medidas correctoras. Entre las actuaciones que considera prioritarias figura la creación de un régimen técnico único dentro del marco de Actividades Clasificadas que sea válido para todos los municipios del archipiélago.
Uno de los puntos de fricción se centra en la interpretación del procedimiento para la regularización de las viviendas vacacionales. La Consejería ha señalado que quienes no presentaron la Comunicación Previa de Actividades Clasificadas deben renunciar a su Declaración Responsable antes de la entrada en vigor de la nueva ley y reiniciar el trámite. Sin embargo, la disposición transitoria de la normativa específica sobre vivienda vacacional contempla mecanismos para consolidar el uso turístico sin necesidad de renunciar previamente a dicha declaración.
También se ha generado controversia en torno al orden de presentación de la Comunicación Previa y la Declaración Responsable. Mientras la Consejería sostiene que debe registrarse primero la Comunicación Previa, la Ley 7/2011 establece que la autorización sectorial —formalizada mediante Declaración Responsable ante el Gobierno de Canarias— debe emitirse antes de iniciar el trámite municipal. Según el Ayuntamiento de Mogán, esta discordancia provoca confusión entre los propietarios, que podrían perder la validez de su actividad si siguen instrucciones erróneas.
Diferencias de criterio entre municipios
Otro aspecto que, según el Ayuntamiento de Mogán, evidencia la falta de un marco técnico uniforme es la diversidad de requisitos exigidos en cada localidad para tramitar la Comunicación Previa. En municipios como Yaiza, Adeje o Teror se solicita el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), pese a que los ingresos derivados de la vivienda vacacional pueden tributar a través del IRPF. Esta exigencia, advierte el consistorio, impide que personas jubiladas o desempleadas puedan mantener una VV sin arriesgar su pensión o prestación, mientras que otros municipios, como Mogán, no requieren este trámite.
A esta situación se suma la ausencia de un reglamento técnico específico para las viviendas vacacionales, a diferencia de lo que ocurre con los hoteles y otros establecimientos turísticos, regulados mediante el decreto 142/2010. Esta falta de regulación unificada, sostiene el Ayuntamiento, obliga a que cada administración local determine sus propios criterios, lo que incrementa la desigualdad de trato y la inseguridad jurídica.
Además, se han puesto como referencia recientes sentencias de tribunales superiores de justicia que consideran que las viviendas vacacionales no constituyen una actividad económica al no prestar servicios propios del sector hotelero. Este enfoque abre el debate sobre la necesidad real de someterlas al régimen de Actividades Clasificadas.
Cuestiones pendientes en la nueva Ley
El Ayuntamiento también cuestiona el artículo 5.2F de la Ley, que permite la regularización de viviendas solo cuando se trate de inmuebles unifamiliares aislados en municipios sin planeamiento actualizado. Desde Mogán se considera que esta medida deja fuera a la mayoría de viviendas que ya llevan años en funcionamiento conforme a la normativa previa, generando un trato desigual.
Propuestas del Ayuntamiento de Mogán
Para evitar que esta situación derive en un bloqueo administrativo y en el cierre de numerosas viviendas vacacionales, el Ayuntamiento plantea varias alternativas:
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Establecer un criterio homogéneo para la tramitación de Actividades Clasificadas en los 88 municipios canarios.
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Eximir a las VV de este trámite, equiparándolas a los arrendamientos de temporada o de larga duración.
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Considerarlas Actividad Inocua, dado que no generan impactos equiparables a los de los establecimientos turísticos tradicionales.
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Integrarlas en el régimen técnico del resto de alojamientos turísticos, manteniendo el sistema de Declaración Responsable.