La alcaldesa de Mogán y concejala de Seguridad Ciudadana, Onalia Bueno, y el jefe accidental de la Policía Local, Marcos Domínguez, informaron este jueves sobre la actuación municipal tras la detención de un agente por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. La investigación se inició a raíz de una revisión interna realizada por la empresa municipal Gestiona, que detectó un patrón reiterado de irregularidades en la tramitación de sanciones mediante la PDA asignada al agente. Ante estos indicios, el Ayuntamiento trasladó de inmediato la información a la Guardia Civil, que asumió la investigación.
Según explicó Onalia Bueno, el Consistorio actuó “desde el primer momento”, facilitando toda la documentación necesaria y colaborando con las autoridades. La revisión coincidió con la incorporación de nuevos agentes en febrero del pasado año y la asignación de dispositivos electrónicos, lo que permitió analizar los expedientes desde 2020, fecha en la que comenzaron a utilizarse estas herramientas. Durante el análisis se detectaron anulaciones injustificadas de expedientes y alteraciones irregulares en los procedimientos administrativos, especialmente en la PDA del agente detenido. Estos datos fueron remitidos a la Policía Judicial de la Guardia Civil en Puerto Rico.
La detención, realizada el pasado 2 de febrero en el marco de la operación PAYCASH, permitió comprobar que el agente presuntamente formulaba denuncias a turistas, principalmente con vehículos de alquiler, exigiendo el pago en efectivo de las sanciones, que posteriormente no ingresaba en las arcas públicas.
La investigación conjunta entre la Guardia Civil, el Ayuntamiento, Gestiona y la Jefatura de la Policía Local apunta a que el agente habría iniciado más de mil procedimientos sancionadores, con una presunta cantidad malversada cercana a los 135.000 euros. Varios turistas localizados durante la investigación confirmaron que se les exigía el pago en metálico. Marcos Domínguez detalló que el agente cuenta con 27 años de servicio y estaba adscrito a la Unidad de Playas, patrullando habitualmente en motocicleta. Recordó que todos los agentes están obligados a actuar ante cualquier infracción, independientemente de su unidad de destino.
Por su parte, Onalia Bueno informó de la apertura de un expediente disciplinario, que quedará paralizado hasta que finalice el proceso judicial. Como medidas cautelares, se le ha retirado el arma reglamentaria y ha sido apartado del servicio en la vía pública, quedando asignado a tareas administrativas, respetando en todo momento la presunción de inocencia. El Ayuntamiento de Mogán se ha personado en la causa judicial y permanece a la espera de conocer el desarrollo de las diligencias, que continúan abiertas y podrían derivar en nuevas actuaciones.
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