Una nueva plataforma ciudadana se ha constituido en San Bartolomé de Tirajana con el objetivo de defender la gestión pública del servicio de hamacas y sombrillas en las playas del municipio y frenar el proceso de privatización impulsado por el Ayuntamiento. El colectivo está formado por representantes de partidos políticos, sindicatos, colectivos sociales y vecinos y vecinas a título individual. Desde la plataforma se cuestiona el acuerdo plenario aprobado el pasado 22 de diciembre, que abre la vía a la cesión del servicio a operadores privados tras casi treinta años de gestión municipal.
Según exponen en su manifiesto, la municipalización aprobada en 1997 permitió que los ingresos generados en enclaves turísticos como Maspalomas, Playa del Inglés o Meloneras revirtieran directamente en las arcas municipales. A lo largo de este periodo, estiman que se han recaudado más de cien millones de euros, destinados a financiar diferentes políticas públicas.
La plataforma recuerda que, aunque en 2004 el Tribunal Supremo anuló la fórmula inicial de gestión directa, el Ayuntamiento mantuvo el control del servicio. Posteriormente, en 2021, se aprobó una memoria para adaptarlo a la legalidad mediante una empresa pública. En este sentido, consideran que el cambio de criterio aprobado a finales de 2025 supone “un paso atrás” y alertan de que la privatización podría desviar más de seis millones de euros anuales fuera del ámbito público.
Asimismo, los impulsores del colectivo critican la subida de precios aplicada en 2025, con incrementos en el coste de las hamacas y la incorporación de servicios de mayor importe, y consideran incoherente plantear la privatización en un contexto de récords turísticos y alta rentabilidad.
La plataforma vincula esta decisión a un reparto desigual de los beneficios del turismo y señala problemáticas sociales como el aumento de la pobreza, las dificultades para acceder a una vivienda y la precariedad laboral en el sector. En este escenario, defienden que el servicio debe ser gestionado íntegramente por una empresa pública municipal, con control total de los ingresos y estabilidad para la plantilla.
El colectivo ha iniciado su actividad con el objetivo de movilizar a la ciudadanía y exigir al Ayuntamiento la paralización del proceso de privatización, apostando por mantener el carácter público de un servicio que consideran estratégico para el desarrollo económico y social del municipio.
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