El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana vive un nuevo episodio de tensión política tras conocerse el informe de la Secretaría General que concluye que el alcalde, Francisco García, y otros cinco concejales del grupo de gobierno deben pasar a ser no adscritos tras su expulsión de la coalición Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC). Sin embargo, la medida no se hará efectiva de momento. El regidor ha decidido no incluir este asunto en el orden del día del próximo pleno, aplazando así su debate, pese a que el informe municipal señala que debe darse cuenta en la siguiente sesión.
Este escenario se complica con la existencia de un segundo informe, emitido por la Viceconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, que sostiene una postura contraria y considera que no procede declarar a estos ediles como no adscritos. Este documento ha sido aportado por la Alcaldía.
Desde el entorno de Primero Canarias, formación a la que pertenecen ahora los seis concejales, se defiende que este dictamen autonómico respalda su situación y garantiza la estabilidad política del gobierno local. Por el contrario, otras interpretaciones apuntan a que el informe del secretario municipal es el preceptivo dentro del ámbito del Ayuntamiento.
La situación abre un escenario de incertidumbre jurídica y política, ya que la decisión final depende de que el pleno tome conocimiento del informe municipal. Mientras tanto, la oposición estudia solicitar una sesión extraordinaria para abordar este asunto.
De confirmarse el cambio de estatus, los concejales afectados perderían derechos vinculados a los grupos políticos, entre ellos retribuciones y dedicaciones exclusivas, aunque mantendrían sus funciones representativas básicas.
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