La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha hecho un llamamiento este viernes a los propietarios de viviendas vacacionales (VV) de Canarias para que no sigan las recomendaciones difundidas por la consejera de Turismo del Gobierno autonómico, Jessica de León. Según advierte, acatar estas indicaciones podría conllevar la pérdida definitiva de los títulos habilitantes de sus viviendas.
De León propone que los titulares den de baja sus VV para después volver a solicitarlas en los cabildos antes de presentar en los ayuntamientos la comunicación previa de actividades clasificadas exigida por la nueva Ley. Para Bueno, este procedimiento supondría perder la consolidación mínima de un año establecida en la norma.
La alcaldesa considera “gravemente irresponsable” el comunicado remitido por la Consejería, que, según afirma, contiene información inexacta y puede inducir a los propietarios a errores que les perjudicarían directamente. “Lo primero que debería hacer la consejera es resolver el problema que ha generado y, tal como ha admitido, modificar una Ley recién aprobada para poder ofrecer a la ciudadanía criterios claros y comprensibles”, señala Bueno, quien acusa a De León de “malinformar de manera deliberada para eliminar la vivienda vacacional en Canarias”.
También califica de “inaudito” que la Ley aún no haya sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias, mientras la propia responsable de Turismo ya reconoce la necesidad de reformarla. A su juicio, esto evidencia la falta de consenso y las deficiencias del proceso legislativo, pese a que los ayuntamientos llevan meses alertando sobre los problemas vinculados a las actividades clasificadas.
Bueno rechaza además que la consejera responsabilice a otros grupos parlamentarios de no aceptar enmiendas de última hora durante la sesión de aprobación de la Ley. Recuerda que el texto final es obra de la Consejería de Turismo tras más de dos años y medio de tramitación. Critica igualmente que De León no advirtiera hasta el último momento de que, según su interpretación, la Ley obligaría a dar de baja a la práctica totalidad de las VV del archipiélago.
La alcaldesa cuestiona la interpretación jurídica difundida en torno a la comunicación previa de actividades clasificadas. Explica que el Decreto 113/2015 establecía este trámite como voluntario, mientras que la nueva normativa, aprobada el pasado día 12, lo convierte en obligatorio. Considera inadmisible que la Consejería recomiende darse de baja antes de la publicación de la Ley, cuando los cabildos no disponen de tiempo suficiente para gestionar dichas solicitudes.
También rechaza la afirmación de la consejera de que cualquier regularización exige renunciar a la declaración responsable anterior y presentar una nueva. Bueno señala que esa interpretación es “jurídicamente incorrecta” y que obligar a los propietarios a iniciar el proceso desde cero los dejaría sin posibilidad de acogerse a la consolidación prevista, al no cumplirse el año mínimo de antigüedad.
La alcaldesa subraya que la Consejería plantea un procedimiento inviable: que los propietarios pidan la baja en los cabildos, esperen su resolución, vuelvan a solicitar el alta y, finalmente, presenten en los ayuntamientos la comunicación previa. A su juicio, esta cadena de trámites es incompatible con los plazos tras la aprobación de la Ley.
Bueno lamenta que miles de ciudadanos hayan acudido ya a los ayuntamientos a presentar la comunicación previa siguiendo las indicaciones iniciales, mientras ahora la Consejera sostiene que debían haberse dado de baja, una opción que considera impracticable por falta de tiempo.
Finalmente, critica que De León asegure que “son muchas las VV que han cumplido con las actividades clasificadas” sin poder aportar datos que lo acrediten. “Es una afirmación sin respaldo alguno, porque no existe registro actualizado. Ha impulsado una norma sin saber siquiera a cuántas personas afecta”, concluye.