El Ayuntamiento de Mogán ha solicitado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, información detallada sobre el estado de los procedimientos judiciales relacionados con la anulación de la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO). La alcaldesa, Onalia Bueno, reclama conocer qué recursos siguen activos, cuáles han sido rechazados y qué alternativas contempla la institución insular ante las consecuencias que pueda tener esta situación para el planeamiento y el desarrollo de los municipios.
La petición llega después de que el Tribunal Supremo inadmitiera uno de los recursos de casación presentados por el Cabildo contra las resoluciones judiciales que anulan la revisión del documento. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó el 8 de abril de 2026 una sentencia que declaró nula dicha revisión, aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde enero de 2023. Según expone el Ayuntamiento de Mogán, esta resolución ya había motivado la petición de que se preparara una alternativa ante un posible escenario desfavorable.
Bueno sostiene que, más de seis meses después de aquella primera sentencia, los ayuntamientos siguen sin disponer de información completa sobre la estrategia jurídica del Cabildo ni sobre las medidas previstas para afrontar la situación. La alcaldesa señala que parte de los datos conocidos sobre los procedimientos ha trascendido a través de los medios de comunicación y no mediante comunicaciones oficiales dirigidas a las corporaciones municipales.
Según los datos recogidos en la información trasladada por el Consistorio moganero, la revisión del PIO habría sido objeto de 21 impugnaciones judiciales, de las que dos decayeron, mientras que otros 19 procedimientos permanecían activos. Siete de ellos solicitaban expresamente la nulidad del plan. El Ayuntamiento también alude a varias sentencias desfavorables al Cabildo y a la reciente inadmisión del recurso de casación.
La alcaldesa cuestiona que no se haya trabajado paralelamente en una alternativa para Gran Canaria mientras avanzaban los litigios. A su juicio, la falta de una hoja de ruta conocida mantiene la incertidumbre sobre cuestiones como las modificaciones del planeamiento municipal, el desarrollo de suelo, las infraestructuras, las inversiones y otros proyectos estratégicos.
Por ello, Mogán reclama al presidente insular que explique con transparencia el estado de cada procedimiento y las actuaciones previstas para afrontar las consecuencias de la anulación. Onalia Bueno considera necesario que el Cabildo ofrezca respuestas a los municipios y concrete posibles soluciones, en lugar de limitar la actuación a la defensa judicial del documento.
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