La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha solicitado al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que convoque urgentemente a los 21 alcaldes de la isla para aclarar las consecuencias urbanísticas de la anulación judicial de la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO). La petición llega después de que el Tribunal Supremo inadmitiera uno de los recursos de casación presentados por la institución insular contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaró nulo el documento.
La resolución del TSJC, fechada el 8 de abril de 2026, anuló la revisión del planeamiento aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde enero de 2023. Según el fallo, el documento se había tramitado para adaptarse a una normativa que ya había sido derogada por la Ley del Suelo de Canarias de 2017. El Cabildo recurrió posteriormente la sentencia, aunque el Supremo ha inadmitido uno de los recursos al considerar que la controversia planteada corresponde al ámbito del Derecho autonómico canario.
Ante este escenario, Bueno reclama información precisa sobre el alcance de las resoluciones judiciales, los recursos que puedan seguir pendientes y las alternativas de actuación de la corporación insular. También pide que se aclare cómo deben proceder los ayuntamientos mientras se resuelve la situación, especialmente en los expedientes relacionados con el planeamiento urbanístico.
«Solicitamos que el presidente del Cabildo de Gran Canaria convoque a todos los alcaldes para que nos diga en qué situación va a quedar el planeamiento de cada uno de los municipios, porque al final estamos hablando de toda la isla», señala la alcaldesa, quien considera que la institución insular debería haber preparado alternativas desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales.
La regidora también cuestiona la estrategia jurídica seguida por el Cabildo y sostiene que ya había advertido de las dificultades para recurrir ante el Tribunal Supremo. A su juicio, la falta de una respuesta clara está generando incertidumbre en los municipios sobre la tramitación de modificaciones urbanísticas, el desarrollo de proyectos y la concesión de determinadas licencias.
En el caso de Mogán, Bueno advierte de que esta situación podría afectar a varias modificaciones del planeamiento municipal. Según explica, la imposibilidad de continuar determinados procedimientos podría dificultar la construcción en algunos suelos, frenar su desarrollo y retrasar infraestructuras consideradas importantes para el municipio.
La alcaldesa insiste en que las consecuencias no se limitan a Mogán, sino que afectan al conjunto de Gran Canaria, por lo que reclama a Antonio Morales que convoque el encuentro y explique cuanto antes los pasos que puede dar el Cabildo para ofrecer seguridad jurídica a los ayuntamientos.
Facebook
X
WhatsApp