El Gobierno de Canarias ha cerrado un acuerdo extrajudicial con las empresas afectadas por el largo conflicto sobre determinados terrenos turísticos, poniendo fin a 25 años de litigios y estableciendo una compensación global de 485 millones de euros.
El acuerdo tiene una especial incidencia en San Bartolomé de Tirajana, donde afecta a terrenos vinculados a proyectos turísticos de empresas como Lopesan, especialmente en los entornos de Meloneras y Pasito Blanco. La solución alcanzada por el Ejecutivo autonómico reduce prácticamente a la mitad las cantidades reclamadas inicialmente por las empresas, que rondaban los 1.000 millones de euros.
Uno de los principales efectos del pacto es que las parcelas incluidas en el acuerdo no serán reclasificadas automáticamente como suelo rústico. Los terrenos mantienen su situación urbanística y su futuro quedará condicionado por el planeamiento correspondiente en cada municipio.
Esto no significa que las parcelas puedan ser edificadas de forma inmediata ni que recuperen automáticamente derechos urbanísticos. Será el planeamiento municipal el que determine en cada caso los posibles aprovechamientos y usos de los terrenos afectados.
Lopesan concentra la mayor compensación
Lopesan será la empresa que reciba la mayor parte de la compensación prevista en el acuerdo, con 300 millones de euros de los 485 millones establecidos globalmente. El grupo presentó 31 de los 45 recursos registrados contra la Administración autonómica, con reclamaciones iniciales que alcanzaban los 843 millones de euros.
El pacto permite además desbloquear la situación de determinados terrenos que permanecían condicionados desde hace años y conservar las posibilidades urbanísticas que puedan establecer los futuros instrumentos de planeamiento.
En el caso de San Bartolomé de Tirajana, la decisión cobra especial relevancia por los tres proyectos hoteleros que Lopesan mantiene en marcha entre Meloneras y Pasito Blanco, dos de las principales zonas de expansión turística del municipio.
El origen del conflicto se remonta a las restricciones establecidas sobre determinados terrenos destinados a usos turísticos y a las posteriores reclamaciones presentadas por sus propietarios. Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, los tribunales reconocieron el derecho de las empresas afectadas a reclamar compensaciones.
El acuerdo alcanzado ahora permite cerrar definitivamente la vía de litigios y establece un marco para el futuro de los terrenos afectados, aunque su posible desarrollo dependerá de las decisiones urbanísticas que adopten las administraciones competentes.
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