La Audiencia Nacional ha obligado al Ministerio para la Transición Ecológica a iniciar un procedimiento para estudiar la rectificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en un tramo de Las Burras, en San Bartolomé de Tirajana, después de estimar parcialmente el recurso presentado por una empresa hotelera.
La resolución, dictada el pasado 15 de abril y conocida este fin de semana, afecta al tramo comprendido entre los vértices M-C y M-E del deslinde aprobado en 1989 para la zona entre Morro Besudo y El Veril. El tribunal considera acreditado que las obras realizadas en el paseo marítimo entre San Agustín y El Veril provocaron una transformación física relevante del terreno y ordena que se tramite el correspondiente expediente administrativo.
El conflicto se remonta a 2001, cuando la empresa solicitó modificar la ribera del mar en la zona de Punta de Las Burras. Años después, en 2006, el propio entonces Ministerio de Medio Ambiente reconoció que las obras del paseo habían afectado de forma sensible a la margen derecha del barranco de La Gloria y habían modificado la cota del terreno, apuntando a la necesidad de analizar sus consecuencias sobre el deslinde.
La Audiencia Nacional considera además que el paseo fue ejecutado en el año 2000 por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y que contó con autorización de la Demarcación de Costas. Las pruebas periciales, fotografías y documentación aportadas durante el procedimiento han permitido al tribunal acreditar la transformación física de los terrenos.
No obstante, la sentencia no anula el deslinde ni determina que los terrenos dejen automáticamente de pertenecer al dominio público marítimo-terrestre. Lo que establece es la obligación de iniciar un expediente de rectificación que deberá incluir información pública, informes de las administraciones implicadas y audiencia a los interesados. Será este procedimiento el que determine si finalmente procede modificar la delimitación.
La resolución declara además nulo el silencio administrativo producido tras la falta de respuesta del Ministerio a la solicitud de la empresa y reconoce su derecho a que se inicie el procedimiento. La sentencia todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
De esta forma, después de 25 años de reclamaciones, el conflicto vuelve al ámbito administrativo. Ahora corresponderá a Costas tramitar el expediente y determinar, conforme a la legislación vigente, si debe modificarse finalmente la línea de la ribera del mar en este tramo de Las Burras.
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