Mogán recurrirá ante el Supremo la anulación de la tasa turística y defiende su legalidad

El Ayuntamiento de Mogán recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declara nula la ordenanza reguladora de la conocida como tasa turística, al considerar que el fallo contiene errores jurídicos y una interpretación incorrecta de la normativa sobre la autonomía local.
Así lo anunciaron este martes la alcaldesa, Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, quienes defendieron la legalidad del tributo y aseguraron que la resolución judicial no tiene en cuenta la documentación técnica presentada por el Consistorio.
La alcaldesa explicó que el Ayuntamiento entiende que la legislación vigente permite a las administraciones locales crear nuevas tasas siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ley, algo que, según sostuvo, ocurre en este caso. Además, recordó que el propio TSJC reconoce en su sentencia que los tributos locales pueden servir para impulsar modelos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, aunque finalmente concluya que la tasa tiene un carácter meramente recaudatorio.
Por su parte, Eduardo Álamo defendió que el hecho imponible está perfectamente definido y que la tasa grava servicios concretos que reciben los visitantes, como el abastecimiento y depuración del agua, la recogida y tratamiento de residuos y las actuaciones de promoción turística sostenible.
Desde el Ayuntamiento insisten en que estos servicios son financiados actualmente por la población residente y que la tasa busca repartir ese coste entre quienes también hacen uso de ellos durante su estancia en el municipio.
Una tasa de 15 céntimos por noche
El Consistorio recordó que la ordenanza establece una cuota de 0,15 euros por persona y noche en alojamientos turísticos. Esta cantidad fue fijada tras un estudio económico que cifró en 2,7 millones de euros anuales el coste de los servicios municipales vinculados a la actividad turística.
Según los cálculos municipales, los turistas representan cerca del 45% del uso de estos servicios, por lo que les correspondería financiar alrededor de 1,2 millones de euros, una cifra que se ajusta a la recaudación prevista con la aplicación de la tasa.
El Ayuntamiento subraya que el objetivo del tributo nunca ha sido generar beneficios ni financiar otros servicios municipales, sino cubrir parte del coste de prestaciones directamente relacionadas con la actividad turística.
La tasa sigue en vigor
La alcaldesa, Onalia Bueno, confirmó que el Ayuntamiento presentará el recurso de casación ante el Tribunal Supremo una vez concluya el análisis jurídico de la sentencia. El Consistorio dispone de un plazo de 30 días para formalizar el recurso.
Mientras tanto, la tasa turística continúa plenamente vigente, ya que la sentencia del TSJC aún no es firme. Asimismo, los cerca de 1,4 millones de euros recaudados hasta la fecha permanecerán retenidos hasta que exista una resolución judicial definitiva.
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