El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada por el Bloque Nacionalista Rural (BNR) y Samuel Henríquez, integrado en Primero Canarias, contra Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC), manteniendo así los efectos de la declaración de no adscritos sobre varios cargos electos que abandonaron la formación.
La decisión afecta a 21 representantes públicos en Gran Canaria, entre ellos el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y otros cinco concejales del grupo de gobierno.
El auto judicial, firmado por la magistrada Beatriz Rallo Valluerca, concluye que, aunque existe urgencia en el caso, no se aprecia el requisito jurídico de apariencia de buen derecho suficiente para justificar la suspensión inmediata de los acuerdos adoptados por el Consejo Político Nacional de Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista el pasado 22 de diciembre de 2025.
Entre otros aspectos, la resolución señala que no se aportaron los estatutos del partido solicitante y recuerda que el Pacto Antitransfuguismo considera tránsfuga a quien abandona o es expulsado del sujeto político con el que concurrió a las elecciones.
Además, el juzgado considera que no existen indicios de consentimiento por parte de Nueva Canarias para que los cargos electos se integraran en otra formación de la coalición, como el Bloque Nacionalista Rural, y entiende que el abandono voluntario no está previsto en el pacto de coalición.
Los demandantes solicitaban paralizar la aplicación de los acuerdos y evitar que se comunicara a los ayuntamientos la nueva situación de los cargos afectados hasta que se resolviera el procedimiento principal. Sin embargo, el juzgado desestimó la petición e impuso además las costas a los solicitantes.
La resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Las Palmas
El portavoz de Primero Canarias, Samuel Henríquez, anunció que recurrirá la decisión y presentará nuevas medidas cautelares, aunque reconoció la dificultad de este tipo de procedimientos. Asimismo, aseguró que en Santa Lucía “se deberá convocar el pleno porque es imperativo legal”.
La decisión judicial tiene consecuencias directas en la situación política del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, donde la oposición solicitó esta semana la celebración de un pleno extraordinario para que se tome conocimiento oficial del informe de la Secretaría General que declara no adscritos al alcalde y a otros cinco concejales.
La figura del concejal no adscrito, recogida en la legislación de régimen local y vinculada al Pacto Antitransfuguismo, implica limitaciones en derechos políticos, recursos y participación institucional, lo que podría afectar al actual grupo de gobierno, que se encuentra en minoría.
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