Un informe jurídico ha frenado el intento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de asumir directamente la gestión de la publicidad en mobiliario urbano, obligando a replantear el modelo hacia una licitación pública conforme a la normativa vigente.
El documento, firmado por la jefa de Servicio de Patrimonio, concluye que esta actividad no puede considerarse un servicio público, sino un uso privativo del dominio público con finalidad lucrativa. Esta interpretación descarta la vía planteada desde el área de Urbanismo, que pretendía encargar su gestión a la empresa pública Gesvisur.
Según el informe, la única fórmula legal viable pasa por convocar un concurso público mediante concesión administrativa, garantizando los principios de libre concurrencia y competencia.
Una concesión caducada que sigue operando
El análisis jurídico también pone el foco en la situación actual del servicio. La empresa M.C. Comunicación Vial continúa explotando la publicidad pese a que el contrato original finalizó en 2012 y fue declarado extinguido por el propio Ayuntamiento en 2020.
Desde entonces, la actividad se mantiene a través de un acuerdo transaccional que ha prolongado la explotación en un escenario de interinidad. Los técnicos municipales advierten de que no existen razones de interés público que justifiquen esta continuidad basada en prórrogas sin un límite temporal claro.
Falta de control económico
El informe detecta además deficiencias en el control económico de la concesión. Aunque la empresa abona un canon del 3% de sus ingresos, no consta documentación que permita verificar si las cantidades declaradas se corresponden con la facturación real.
Tampoco existe un estudio económico-financiero que respalde ese porcentaje ni que garantice el equilibrio de la explotación durante este periodo transitorio, lo que genera dudas sobre el retorno económico para las arcas municipales.
El plan de Gesvisur, descartado
El intento de gestionar el servicio a través de Gesvisur queda invalidado al no tratarse de un servicio público. El informe recalca que este mecanismo solo es aplicable en ese ámbito, por lo que no encaja en una actividad económica vinculada al uso del espacio público.
Respuesta del Ayuntamiento
Tras conocerse el contenido del informe, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ya había advertido de los límites legales de la municipalización. El edil señaló que este tipo de procesos “no se pueden hacer desde el voluntarismo político” y subrayó la existencia de importantes obstáculos jurídicos.
Marichal explicó que el grupo de gobierno analizó distintas alternativas desde 2023, pero que los informes técnicos concluyen que la municipalización no es viable, por lo que el Ayuntamiento optará por licitar el servicio conforme a la legalidad vigente.
Asimismo, insistió en que este caso evidencia la complejidad de asumir directamente determinados servicios, especialmente aquellos con mayor volumen económico, como el de hamacas y sombrillas.
Críticas del PSOE
Por su parte, la portavoz socialista, Conchi Narváez, ha criticado la gestión municipal y acusa al área de Urbanismo de actuar “al margen del rigor administrativo”. Desde su grupo reclaman que se asuma el criterio jurídico, se ponga fin a la actual situación y se convoque un concurso público que garantice seguridad jurídica y mayor rentabilidad.
Un modelo pendiente de regularizar
La explotación de la publicidad en mobiliario urbano —incluyendo vallas, mupis y soportes en zonas turísticas— representa una actividad con importante potencial económico. El informe abre ahora la puerta a una regularización completa del sistema tras más de una década marcada por prórrogas y decisiones administrativas cuestionadas.
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