El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana vive un nuevo episodio de tensión política tras la decisión del alcalde, Francisco García, de no incluir en el pleno el informe jurídico que plantea su paso a concejal no adscrito junto a otros cinco ediles. El aplazamiento ha generado una fuerte reacción de la oposición, que denuncia falta de transparencia y advierte de posibles irregularidades. La polémica se produce en un contexto de informes contradictorios: mientras la Secretaría General del Ayuntamiento defiende el cambio de estatus, un dictamen del Gobierno de Canarias sostiene lo contrario.
Los grupos de la oposición consideran que el documento debía haberse llevado al pleno de forma obligatoria, alertando de que su bloqueo podría afectar a la legalidad de futuras decisiones municipales e incluso derivar en consecuencias económicas para el Consistorio.
También han denunciado una posible vulneración de derechos políticos, al entender que la situación afecta directamente a la representación surgida de las elecciones. Algunos partidos ya estudian acudir a la vía judicial, mientras otros plantean forzar el debate en el pleno, incluso por la vía de urgencia.
Frente a estas críticas, otras voces apelan a la prudencia y a la necesidad de actuar con rigor jurídico ante el conflicto de interpretaciones, recordando precedentes que acabaron generando costes para la administración.
El escenario político sigue abierto, con la posibilidad de que la oposición impulse un pleno extraordinario e incluso con el debate sobre una posible moción de censura sobrevolando el panorama municipal.
La situación deja al gobierno local en un momento de incertidumbre, a la espera de cómo evolucionen los próximos movimientos dentro de la corporación. Al término de la sesión, en Radio Planeta GC contamos con diferentes voces para conocer de primera mano lo vivido. La concejala de NC, Yaiza Pérez, lamentó la actitud del alcalde y pidió al Partido Socialista que deje de apoyar a este grupo de gobierno. Por su parte, el portavoz del grupo de Gobierno, Mario Bordón, defendió la validez del informe del Gobierno de Canarias y explicó que será un juez quien dictamine si tanto él como sus compañeros pasan a ser no adscritos.
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